EL ORDEN NOTARIAL
EN NUESTRO PAÍS

Surgía la Asamblea del año XIII, y con ella una conocida legislación. Entre otras resoluciones, esta Asamblea decretó que los escribanos españoles debían tomar la ciudadanía patria, ordenando que se naturalizaran en 8 días para seguir ejerciendo.
Hacia 1814, comenzarían a asentarse las escrituras en papel sellado, siguiendo un decreto del Escribano Gervasio Antonio de Posadas.
En 1830, Juan Manuel de Rosas, fijó mediante otro decreto, la fórmula de concatenación: las escrituras debían ser consecutivas una tras de la otra en el Protocolo. Este principio estuvo vigente hasta mediados del siglo XX.
El control notarial y la admisión para ejercer estaban a cargo de la Cámara de Apelaciones, como también el registro del signo del notario, presente y obligatorio al final de cada escritura. La rúbrica de las fojas y el control del desempeño de los escribanos, en cambio, estaban en manos del ministro juez de subalternos.
Para culminar este período, en 1853, la Constitución Nacional estableció la división del gobierno en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las provincias recuperaban su autonomía, tenían sus propios tribunales de justicia y mantenían la potestad de regular la función notarial